Tras el respaldo de la Corte Suprema en junio para recortar el programa humanitario, la justicia reconoció la potestad del gobierno para dar por finalizada la protección que regía desde 1991, exponiendo a los beneficiarios a la deportación.
Tras el respaldo de la Corte Suprema en junio para recortar el programa humanitario, la justicia reconoció la potestad del gobierno para dar por finalizada la protección que regía desde 1991, exponiendo a los beneficiarios a la deportación.