La jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó el pedido del Gobierno de EE. UU. para desestimar la demanda iniciada por 992 cubanos liberados con el formulario I-220A.La decisión confirma la jurisdicción del tribunal para evaluar si este documento debe ser reconocido como “parole”, lo que abriría la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966 a un universo de entre 500.000 y 600.000 migrantes.
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